El artículo 3º constitucional establece que “toda persona tiene derecho a la educación y en este contexto, la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; siendo obligatoria y garantizada por el estado, quien debe ofrecer una educación inclusiva, pública, gratuita y laica.No obstante, lo anterior, la situación sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, llevó a las autoridades mexicanas educativas, en una primera etapa, a suspender las clases a 33 millones de estudiantes, con la única finalidad de salvaguardar la salud de los educandos. Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública señaló como fecha para el regreso a clases el día 24 de agosto, en modalidad a distancia, para lo cual, el Gobierno Federal logró un acuerdo con varias televisoras nacionales, que actualmente brindan servicio a más de 30 millones de estudiantes por medio de 6 canales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Sin embargo, el programa de educación a distancia puso a la luz un problema que todavía existe en el país y es la brecha digital y en comunicaciones en la que se encuentra el 11% de los hogares en las zonas rurales del país, porcentaje que representa alrededor de 14 millones de personas que no cuentan con un aparato de televisión para acceder a la señal y programación de Aprende en Casa II.

En este tenor y con la finalidad de garantizar el acceso a la educación a distancia, la diputada federal por el distrito 03, Claudia Baez Ruiz, realizó un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el cuál exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, y a sus homólogas en las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones, estrategias y promuevan los programas necesarios de apoyo para los pupilos de educación básica, a fin de garantizar el acceso y los medios necesarios a quien lo necesite para acceder a la educación desde casa y a distancia.

Para finalizar, la legisladora Báez Ruiz, ejemplificó con el caso una menor que fue amparada por la justicia federal, al obligar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de San Luis Potosí a proporcionarle una televisión para tomar el Aprende en Casa II.

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